En Puerto Rico, el notario público es aquel abogado cualificado y autorizado a dar fe pública de los hechos y actos o negocios jurídicos celebrados ante sí. La fe pública es una presunción de carácter legal que dispone que todo el contenido de un documento o escritura pública es veraz. De alegarse que el documento es falso, el notario público tiene el peso de presentar aquella prueba que derrote la alegación a satisfacción del juzgador de hechos. Dicho de una forma más sencilla, el notario público valida la corrección legal de un contrato o documento.

Esto es de particular importancia cuando, por ejemplo, por medio de una escritura, se presenta la compraventa de un bien inmueble para su inscripción ante el Registro de la Propiedad. Al presentar dicho escrito incluyendo la dación de fe del notario, el adquirente goza de la protección legal del tercero registral. El efecto legal de dicha protección es la garantía de que quien adquiere el título de propiedad no será privado de la posesión de su inmueble, aunque posteriormente surgiera un defecto en el título inscrito.

Esto se consigue gracias a que la fe pública crea una presunción legal, oponible contra terceros, de que las constancias en el registro están conformes a la realidad extraregistral. Por ello, si por sentencia firme en un proceso de evicción se decreta que un tercero goza de un derecho de rango prioritario, la fe pública asegura al comprador el reembolso del pago por el bien objeto del contrato. Asmimismo se le asegura el abono del valor de toda mejora útil realizada por el comprador y el producto del incremento de valor de la propiedad por dichas mejoras.

El notario público, como funcionario público del estado, tiene el deber de asegurarse de que todo derecho u obligación que surja de algún negocio jurídico revestido de la fe pública es producto de la voluntad de las partes y que, a su vez, no atenta contra la ley, la moral ni el orden público, por lo que tiene fuerza de ley entre las partes que lo celebran.

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